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La Corporación RTVE ha anunciado un superávit de 55 millones de euros en el ejercicio 2025. Este dato, presentado como un resultado positivo de gestión, requiere una valoración rigurosa desde la naturaleza jurídica y la función pública de la entidad.

RTVE no es una empresa orientada al beneficio. Su mandato legal es garantizar un servicio público esencial, lo que exige que los recursos asignados se ejecuten de forma plena y eficiente. En este marco, la existencia de superávit no puede considerarse un objetivo en sí mismo, ni un indicador automático de buena gestión.

Un resultado positivo de esta magnitud obliga a analizar su origen. Si deriva de una mejora estructural de ingresos, debe consolidarse en un modelo de financiación estable. Pero si responde a una contención del gasto o a una infraejecución presupuestaria, implica que no se han destinado todos los recursos disponibles a las finalidades propias del servicio público: producción propia, inversión tecnológica, renovación de infraestructuras y adecuada dotación de plantilla.

A esta realidad se añade un elemento especialmente preocupante: mientras se presentan resultados positivos, se mantienen políticas de contención interna que afectan directamente a los trabajadores, con recortes o limitaciones en complementos y una aplicación desigual de los mismos. Esta discrecionalidad genera diferencias injustificadas entre profesionales que realizan funciones equivalentes, vulnerando principios básicos de equidad y coherencia en la gestión de los recursos humanos.

En los últimos años, RTVE ha operado en un contexto de limitaciones presupuestarias, déficit de personal en áreas críticas y necesidad evidente de modernización. En este escenario, la generación de superávit resulta difícilmente compatible con las necesidades reales de la Corporación. No invertir hoy supone trasladar costes y decisiones a futuros gestores, comprometiendo la capacidad operativa y estratégica del ente público.

La gestión responsable de RTVE no pasa por acumular excedentes, sino por ejecutar con rigor los recursos disponibles, garantizando el cumplimiento íntegro de su misión. El equilibrio presupuestario debe alcanzarse mediante una planificación realista y una inversión suficiente, no mediante políticas de contención que puedan afectar al servicio y al empleo.

USO defiende que los recursos públicos asignados a la Corporación se destinen íntegramente a reforzar el servicio público, consolidar el empleo y asegurar las inversiones necesarias para el futuro, evitando cualquier desviación que desvirtúe la finalidad de RTVE.

Cada 8 de marzo nos brinda la oportunidad de reafirmar un objetivo común: consolidar un mercado laboral fundamentado en el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento de todas las personas. No es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio para seguir impulsando una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los niveles profesionales.

El Reto: De la Intención a la Realidad

• Persisten brechas críticas que afectan las condiciones de empleo y el acceso a oportunidades de carrera.
• La conciliación de la vida laboral y personal sigue siendo un desafío pendiente para gran parte de la fuerza laboral.
• Las desigualdades, presentes en diversos sectores, exigen respuestas contundentes a través del diálogo social, la negociación colectiva y políticas públicas valientes.

Nuestra Estrategia: Acciones con Impacto

Para USO, la igualdad efectiva no es una simple declaración de principios; es una hoja de ruta que exige voluntad, medidas tangibles y un seguimiento riguroso. 

La acción sindical es el motor esencial para garantizar entornos laborales dignos y libres de discriminación. Para que la igualdad de oportunidades sea la norma y no la excepción, es fundamental aplicar con rigor y evaluar la eficacia de los planes de igualdad, la transparencia y las medidas de conciliación.

Un Compromiso Innegociable

Desde la Unión Sindical Obrera, reafirmamos nuestra determinación de mejorar las condiciones de todas las personas trabajadoras y eliminar cualquier desigualdad en el empleo. Por ello, el 8 de marzo es la ocasión para consolidar un objetivo compartido: un mercado laboral basado en el respeto, el mérito y la equidad.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 140/2026, que modifica la forma en que RTVE recibe parte de su financiación procedente de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico.

A partir de ahora, RTVE no cobrará en función de la recaudación efectiva, sino en función de: Las liquidaciones practicadas en el ejercicio, descontadas anulaciones y devoluciones del mismo año.

Se establece un sistema de anticipos mensuales y una regularización posterior.

El límite máximo anual se mantiene en 480 millones de euros, salvo que los Presupuestos Generales del Estado dispongan otra cifra.

Para RTVE supone una mayor estabilidad y previsión presupuestaria, reducción de desajustes financieros durante el ejercicio y garantía de cobertura si el rendimiento no alcanza lo presupuestado, mediante fondo de reserva o compensación por servicio público.

Este cambio mejora la estabilidad financiera de la Corporación, pero ni incrementa automáticamente los recursos disponibles ni modifica el modelo de financiación.

Desde USO exigimos que esta mayor previsión económica se traduzca en:

• Refuerzo de la producción interna.
• Cobertura de vacantes estructurales.
• Planificación real de empleo.
• Cumplimiento íntegro del Convenio.

La estabilidad financiera debe servir para fortalecer RTVE y consolidar el empleo.

La plantilla de la Corporación RTVE pierde poder adquisitivo de forma continuada.

Las subidas salariales no han compensado la inflación real y además las nóminas soportan nuevas deducciones que agravan la situación.

Resultado: pérdida acumulada mínima del 3,5 % de poder adquisitivo.

A esto se suma que desde 2023, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aplica una reducción adicional del 0,6 % permanente hasta llegar al 1,2% en 2029, según el Real Decreto 100/2025 del 18 de Febrero (hasta que el gobierno lo elimine).

Consecuencias ya visibles:

• RTVE es menos competitiva para contratar y retener perfiles clave.
• Especial impacto en medicina de empresa, ingeniería, informática, sistemas, ciberseguridad, diseño y perfiles técnicos especializados, donde el mercado ha subido muy por encima de la media de salario en RTVE.
• Creciente dependencia de complementos salariales que no garantizan al trabajador un salario consolidado y estable, otorgados en muchos casos sin criterio objetivo y claramente insuficientes para la carga de trabajo y responsabilidad.

Defender los derechos salariales de los trabajadores es defender una RTVE pública fuerte. Sin salarios dignos, sin poder adquisitivo y sin criterios claros, RTVE pierde talento, capacidad y futuro.

Por salarios justos. Por criterios objetivos. Por una RTVE pública viable.

La Ley 17/2006 configura a la Corporación RTVE como un servicio público sometido a principios de independencia, objetividad y pluralismo. Para garantizar esos principios, la norma prevé expresamente la existencia del Consejo de Informativos como órgano profesional elegido por los trabajadores de los Servicios Informativos.

El Consejo de Administración no está para entrar en debates editoriales concretos ni para desacreditar informes profesionales emitidos por órganos de garantía interna. Su función es gobernar, marcar líneas estratégicas y velar por el cumplimiento de la misión de servicio público. No es un órgano de redacción ni un tribunal metodológico de los profesionales de la información.

La aprobación de un contrainforme impulsado por la dirección de TVE, con envío masivo a la plantilla y con una petición expresa de rectificación al Consejo de Informativos, supone un paso más en una dinámica preocupante: convertir un debate profesional en un pulso institucional.

Cuando un órgano elegido por los trabajadores emite un informe crítico, la respuesta no puede ser desautorizarlo públicamente ni cuestionar su credibilidad. Eso debilita la arquitectura de garantías que la propia ley establece y proyecta hacia fuera una imagen de confrontación interna impropia de un medio público.

Si el Consejo de Administración considera que existen errores técnicos, debe abordarlos con rigor y diálogo, no con un documento que desacredita globalmente el trabajo del Consejo de Informativos. Defender la imagen corporativa no puede convertirse en silenciar o presionar a quienes ejercen funciones de control interno.

USO defiende una RTVE fuerte, plural y coherente con sus propios mecanismos de garantía interna. La discrepancia forma parte de cualquier organización madura, pero no puede derivar en deslegitimaciones públicas ni en dinámicas de confrontación entre órganos que comparten la responsabilidad de proteger el servicio público.

RTVE se consolida cuando sus estructuras actúan con rigor, respeto institucional y lealtad recíproca; se resiente cuando las diferencias se gestionan desde el enfrentamiento.