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La Sección Sindical de USO en la Corporación RTVE ha registrado ante la Dirección una propuesta formal para crear una Comisión Paritaria sobre el Catálogo de Puestos de Trabajo. 

El documento, fundamentado en el Estatuto de los Trabajadores, el III Convenio Colectivo y la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, busca abrir un espacio estable de trabajo entre empresa y sindicatos para ordenar y clarificar la estructura de puestos de la Corporación.

Solicitud Comisión Paritaria

USO condena el acoso sufrido por profesionales de RTVE durante la cobertura de la manifestación de este domingo en Madrid. Las imágenes difundidas muestran cómo se obstaculizó su trabajo, se interrumpieron conexiones en directo y se intentó impedir que la Corporación ejerciera su función informativa.

La libertad de prensa es un pilar constitucional. Impedir que nuestros compañeros trabajen vulnera el derecho a informar y el derecho a recibir información, ambos protegidos por la Constitución. Atacar a un equipo de RTVE es atacar un bien común de toda la sociedad.

USO recuerda que la labor de los trabajadores desplazados a coberturas sensibles exige respeto y garantías de seguridad. Cualquier intento de intimidación, presión o coacción hacia ellos constituye una agresión al servicio público y a los derechos fundamentales que amparan el sistema democrático.

La sección sindical USO está junto a los compañeros afectados y defenderá siempre el ejercicio libre, seguro y profesional del trabajo informativo dentro de RTVE.

La Onda Media garantiza una cobertura amplia y estable en zonas rurales, envejecidas o con infraestructuras digitales insuficientes. La Ley General de Comunicación Audiovisual y el Mandato Marco obligan a RTVE a mantener sistemas de difusión capaces de llegar a toda la ciudadanía en cualquier circunstancia.

El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a recibir información veraz. La OM es uno de los mecanismos que permiten ejercer ese derecho en situaciones críticas. Su capacidad para seguir operativa durante apagones, emergencias civiles o fallos digitales la sitúa dentro de los servicios públicos esenciales. Su interrupción afectaría a la seguridad de la población y al cumplimiento del mandato constitucional.

Los hechos recientes lo demuestran. Durante un apagón eléctrico generalizado, la continuidad de la emisión de RNE dependió de la red de OM. De unos sesenta centros, doce son mixtos OM/FM y cuentan con grupo electrógeno. Estos centros mantuvieron la señal cuando la FM quedó fuera de servicio.

A día de hoy no se han hecho públicos estudios de impacto territorial, análisis de cobertura alternativa ni un plan de transición que asegure que la FM o el DAB+ pueden asumir esa función con plena garantía. Esto hace necesario actuar con prudencia y asegurar que cualquier cambio preserve la misión de servicio público.

Desde la sección sindical de USO en la Corporación RTVE pedimos que no se avance en el cierre de la OM sin demostrar, mediante datos verificables y estudios completos, que la ciudadanía seguirá protegida y tendrá acceso garantizado a la información en todo el territorio.

En la reunión mantenida hoy con el Comité Intercentros, el presidente de la Corporación, José Pablo López ha mostrado disposición a estudiar la posibilidad de mantener la OM durante un tiempo adicional, con el fin de comprobar que la transición no afecta al servicio público. Valoramos positivamente esta apertura y confiamos en que se traduzca en un proceso ordenado, transparente y seguro para la ciudadanía.

Tras el análisis de diez emisiones consecutivas del programa “Malas Lenguas”, correspondientes a dos semanas completas, se constata una pauta de comportamiento editorial y de tiempos de palabra incompatible con los principios de igualdad, pluralismo y servicio público que deben regir en RTVE.

Desde USO hemos recogido de forma detallada la duración de las intervenciones por género y tertuliano, los resultados no dejan margen a la interpretación:

• En los diez programas visionados, el 100 % presenta mayor tiempo de palabra acumulado en los tertulianos hombres.
• En todas las emisiones, el hombre con más intervenciones supera sistemáticamente a cualquier mujer en número y duración.
• La media de intervención masculina oscila entre 3,5 y 4,2 minutos por turno, frente a los 1,8-2,3 minutos de media femenina.
• Incluso en las emisiones con mayor presencia de mujeres, el tiempo total de palabra se mantiene en torno al 65 % para hombres y 35 % para mujeres.
• Se documentan interrupciones a tertulianas, uso de tono despectivo y un episodio concreto en el que el presentador chista a una invitada para que calle.
• Jesús Cintora actúa como un tertuliano más cuando el debate no sigue la línea que le interesa, rompiendo la neutralidad profesional exigida en un medio público.
• Durante la franja inicial del programa en La 2 predominan los temas políticos y los tertulianos masculinos; al pasar a La 1 se incorporan más mujeres y temas generalistas, lo que maquilla el desequilibrio sin corregirlo.

Este conjunto de datos y observaciones pone de manifiesto un sesgo estructural de género y una falta de neutralidad editorial contrario al Manual de Estilo, al artículo 39 del Convenio Colectivo y al artículo 28 del Estatuto de la Corporación RTVE.

Desde USO exigimos:

1. Una auditoría interna inmediata de los tiempos de palabra y la representatividad de género en todos los programas de debate.
2. Aplicación estricta del Manual de Estilo y revisión de la dirección editorial de “Malas Lenguas”.
3. Formación obligatoria en igualdad para presentadores y tertulianos externos.

RTVE no puede sostener con fondos públicos un espacio que normaliza el machismo, desequilibra la representación y degrada el debate público. No se trata de percepciones, sino de datos objetivos y comprobables.

El Observatorio de Igualdad y al Consejo de Informativos debe de actuar, o no.

La Inspección de Trabajo ya había intervenido por la denuncia anónima de un particular al detectar una relación laboral encubierta bajo la fórmula de contratación externa, con la mediación de una sociedad privada, lo que vulnera los principios de acceso al empleo público y los mecanismos de control interno previstos en la normativa del sector público estatal. RTVE fue obligada a regularizar su situación.

Lo que ahora se plantea judicialmente no hace sino evidenciar una doble vara de medir. Mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos están disfrutado de condiciones excepcionales, ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes.

Cualquier intento de retribuir por encima de esos límites, rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público.

La ley, la ética y la equidad interna exigen que se acabe con la cultura del privilegio y se refuerce un modelo basado en el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto del convenio colectivo.

RTVE pertenece a todos los ciudadanos. Ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley, del convenio ni del respeto a los trabajadores que cada día sostienen el servicio público con profesionalidad y sin privilegios.

Mientras RTVE mantiene abiertas unas oposiciones públicas para redactores (y con cientos de profesionales que acreditan méritos, formación y años de experiencia), algunos nombres mediáticos están cobrado cifras que multiplican por mucho el salario de los trabajadores de plantilla.

Resulta indecente que, en una empresa pública se esté tolerando contratos irregulares y retribuciones escandalosas, ninguneando a quienes sostienen los servicios informativos cada día.

USO manifiesta nuestra preocupación ante el nuevo anteproyecto de ley de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación y analizado por el Consejo de Estado y la CNMC.

Reconocemos la necesidad de adaptar la legislación española a los reglamentos europeos sobre servicios digitales y libertad de medios, advertimos que el texto presenta carencias graves de fondo y de medios, y puede generar efectos contraproducentes sobre la independencia informativa, la carga laboral y el pluralismo real.

El propio informe de la CNMC reconoce que las nuevas competencias previstas carecen de dotación suficiente de personal y recursos técnicos.

El anteproyecto plantea la creación de un registro público estatal de medios, dependiente de la CNMC, que incluirá información sobre la propiedad, la financiación y la publicidad institucional. Si este instrumento no cuenta con garantías jurídicas claras, puede derivar en un sistema de vigilancia y presión sobre los medios más vulnerables.

USO pide:

1. Que las sanciones sean proporcionales y adaptadas al tamaño de cada medio.
2. Que los medios pequeños y comunitarios cuenten con un régimen simplificado de transparencia.
3. Que se garantice la independencia real de los órganos reguladores mediante control parlamentario.
4. Que se incorpore una memoria de impacto laboral obligatoria en todas las normas que afecten a medios y plataformas digitales.
5. Que los medios públicos como RTVE asuman un plan de internalización progresiva de producciones externas para cumplir plenamente con su misión de servicio público.

RTVE no puede ser un ejemplo de “buena gobernanza” mientras persista un modelo basado en la externalización masiva de contenidos y la falta de transparencia en la contratación. Un porcentaje enorme de nuestra programación sigue en manos de productoras externas, lo que vulnera el mandato de producción interna y deteriora el carácter de servicio público.

Esta ley debe servir para reforzar la independencia editorial, el control democrático y el empleo interno, no para consolidar estructuras de poder alejadas de los trabajadores y de la ciudadanía que financia RTVE.

USO forma parte de la plataforma PararLaGuerra desde octubre de 2023, siendo convocante de numerosas movilizaciones bajo el lema: “No al genocidio. Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo, ni genocidio”. Coincidimos en el fondo de la reivindicación, pero entendemos que esta convocatoria de huelga es política y no sindical. Además, lamentamos que en lugar de sumar esfuerzos, se utilice la defensa de los derechos humanos como instrumento de estrategia sindical.

Desde USO en la CRTVE subrayamos que estamos en contra de todos los terrorismos, incluido el de Hamás, y de que la población civil palestina siga pagando con su sufrimiento. Reivindicamos también la situación olvidada del pueblo saharaui, denunciamos la persecución hasta la muerte de cristianos en numerosos países africanos y expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en cualquier lugar del mundo.

Y, como siempre, incluso cuando somos convocantes de paros y huelgas, respetamos la libertad individual de nuestros afiliados para decidir si secundan o no los paros.