Los jueves de IA capítulo II
De la tecnología que llega sola, a la transformación que se construye juntos
Imagina que llegas un día al trabajo y las reglas del juego han cambiado. Nadie te lo ha explicado. Nadie te ha preguntado. Las herramientas son distintas, las tareas también. La pregunta no es si ese cambio es necesario. La pregunta es cómo se hace.
La implantación de sistemas de Inteligencia Artificial no es una decisión organizativa menor. Afecta a la forma de trabajar, a las funciones y, en muchos casos, a la estructura misma de los equipos. Porque antes que una cuestión técnica, esto es una cuestión humana: ¿quién decide?, ¿quién sabe y quién participa?
El marco legal tiene una respuesta clara. El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a informar previamente a la representación legal sobre la introducción de nuevas tecnologías y su impacto real. No basta con un comunicado generico: se requiere información concreta, suficiente y útil para comprender qué se implanta y con qué consecuencias.
Y cuando esos cambios afectan a funciones o condiciones laborales, informar no es suficiente. Hay que negociar. No como trámite, sino como reconocimiento de que los trabajadores forman parte del cambio Es la diferencia entre el cambio que se construye juntos y el que simplemente se impone.
Quien mejor conoce RTVE es su plantilla. Quienes sostienen la calidad del servicio público cada día, detectan los errores y conocen los procesos son también quienes más pueden aportar a esta transformación. Por eso la falta de información no es solo un incumplimiento legal, es un error estratégico: deja a las personas más valiosas de la organización sin capacidad de entender las decisiones que les afectan y sin posibilidad de contribuir a que salgan bien.
El coste de este error tiene ahora cifras concretas. El pasado 26 de mayo, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, con sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para quienes incumplan. La norma exige supervisión humana en decisiones que afecten a derechos fundamentales y, en el sector público, introduce un inventario obligatorio de sistemas de IA y la figura del delegado de IA. RTVE, como empresa 100% pública, está en el centro de estas obligaciones.
USO no está para frenar ni éste ni otros cambios imparables. Está para garantizar que sea legítimo, ordenado y justo. Porque una transformación que funciona de verdad no se hace a pesar de las personas. Se hace con ellas.
USO exige que este proceso se ajuste a la legalidad. La tecnología no puede introducirse por la vía de los hechos, sin información ni negociación.
Las transformaciones no se programan, se negocIAn
