El Congreso ha rechazado este pasado 14 de julio de 2026, la convalidación del Real Decreto-ley que permitía que el Estado compensara a RTVE el coste del IVA no deducible. Como consecuencia, desaparece el mecanismo previsto para aliviar una carga económica que podría afectar de forma dramática a las cuentas de la Corporación.
Desde USO respetamos las decisiones del Parlamento. Pero también recordamos que los trabajadores de RTVE no son responsables de las decisiones legislativas ni de los problemas de financiación del modelo audiovisual público.
No sería aceptable que esta nueva situación sirviera para paralizar negociaciones, retrasar compromisos adquiridos, limitar derechos o justificar nuevas medidas de contención sobre la plantilla.
La financiación del servicio público es una responsabilidad del Estado. La gestión de la Corporación es responsabilidad de sus órganos de dirección. Ninguna de ellas puede descargarse sobre quienes sostienen RTVE con su trabajo diario.
La Ley 17/2006 y la Ley 8/2009 configuran un modelo en el que la prestación del servicio público audiovisual estatal debe ir acompañada de las correspondientes compensaciones económicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Si el legislador encomienda a RTVE unas obligaciones de servicio público, también debe garantizar un sistema de financiación suficiente que permita cumplirlas. Las consecuencias de la falta de financiación no pueden trasladarse a la plantilla ni utilizarse para restringir derechos laborales o incumplir compromisos adquiridos.
Más que nunca resulta imprescindible que la Dirección actúe con transparencia, explique el impacto real de esta decisión y garantice que los derechos laborales, los procesos de promoción, la contratación, la jubilación parcial y el resto de compromisos con la plantilla no se verán afectados.
La estabilidad de RTVE exige soluciones institucionales.
