Curioso es que en esta batalla dialéctica entre el anterior presidente de la Corporación, Pérez Tornero, y la actual presidenta interina Elena Sánchez, ésta utilice los mecanismos de que dispone la empresa para investigar unos hechos denunciados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en su informe de 2021 y 2022. Es decir, para controlar 12000 euros de dudosos gastos en taxis y restaurantes se gasta otros 11000 más impuestos. ¡Cómo se nota que el dinero no es de nadie, aunque es de todos!
USO se pregunta ¿quién validó esos recibos? ¿quién autorizo el pago de los mismos? ¿a quién le parecieron correctas y suficientes la justificaciones de gasto de esos directivos? ¿ha cambiado en algo la normativa interna sobre la justificación y control de estos gastos?
Si no se cesa al responsable (director/a) de validar estas justificaciones, entonces es que se trata de una vendetta de la actual presidenta interina contra todo lo que huela al anterior, sin reparar, una vez más, en la imagen que esta empresa proyecta a la sociedad que nos mantiene.
La IGAE nunca reclama la devolución de dinero, sino que detecta debilidades de gestión y recomienda la implantación de medidas organizativas y de control para evitar que vuelva a ocurrir. Por cierto, estas cosas y muchas más están sin corregir desde el primer informe de la IGAE.
La IGAE se preguntará, seguro, el año próximo cual es la justificación para que algunos directivos de confianza de Sánchez estén viajando a eventos que nada tienen que ver con su competencia.
USO exige responsabilidad y control sobre todos los gastos, empezando por los incrementos de costes en los eventos en los que estamos participando, léase Benidorm Fest y premios Goya, por ejemplo. Que son millones.
Por si alguien no lo sabe o se le ha olvidado, los gastos en los que incurre la Corporación RTVE tienen que redundar en el beneficio de la Corporación, y de una forma clara. ¿Es este el caso? Si se realiza un gasto sin cumplir con este principio, dicho gasto se realiza en fraude de ley, y si fuese así, los tribunales de justicia tienen trabajo.
Todo esto es una consecuencia más de tener una auditoría interna minimalista y escuálida que no tiene capacidad de controlar prácticamente nada. A nadie le interesa el control de los gastos salvo cuando interesadamente se pretende utilizar de manera torticera.
