USO lleva mucho tiempo advirtiendo de la necesidad de ser completamente escrupulosos con los procedimientos de la convocatoria de oposiciones. Hemos repetido, por activa y por pasiva, que hay que seguir los protocolos legales al pie de la letra y corregir los puntos que sean confusos, tengan falta de precisión o duda razonable y cualquier otro motivo que pueda terminar con una impugnación en los tribunales cuando esté iniciado el proceso.
Toda RTVE se la juega ante una opinión pública, tan susceptible en estos momentos a las teorías de la conspiración. Hay demasiados ojos puestos sobre este proceso y un fallo de ese calibre nos convertiría en un auténtico hazmerreír nacional.
Todo este preámbulo es necesario para que se entienda porque en USO han saltado las alarmas cuando hemos leído en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una batería de preguntas del Grupo Parlamentario Popular dirigida a la presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez (documento íntegro pulsando la imagen), a la que exigen respuesta por escrito a sus cuestiones.
Son 19 preguntas de amplio calado que suscitan sospechas y ponen en duda los criterios de legalidad de todo el proceso en función de los principios rectores de igualdad, mérito y capacidad establecidos en la vigente Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
NUMEROSAS E IMPORTANTES DUDAS LEGALES
Resumiendo.
1.- Los diputados quieren saber cómo se va a subsanar que se discrimine a los candidatos según su fecha de integración laboral en RTVE en contra de ciertas sentencias del Tribunal Constitucional.
2.- También preguntan cómo se van a evitar los mecanismos que impiden el acceso libre por solicitar experiencia laboral previa en el mismo puesto de trabajo al que se opta.
3.- También quieren saber por qué se prima el haber participado en cursos del IRTVE de difícil acceso para los que no están en la Corporación.
4.- Y exigen que se explique por qué se contempla como promoción automática la permanencia en el puesto de los candidatos interinos que no superen los exámenes cuando la legislación contempla la pérdida del puesto como despido procedente.
5.- Los diputados ponen en cuestión la adecuada selección de los miembros de los tribunales y proponen que deberían ser expertos no vinculados a la administración ni a los sindicatos en lugar de trabajadores de la propia RTVE.
6.- Los diputados quieren saber cómo es posible que haya aprobados que pasarán a una “bolsa de trabajo” durante 2 años sin que se les adjudique una plaza definitiva.
7.- También ponen en duda el mecanismo para seleccionar a los miembros de los tribunales sin determinar criterios de competencia o profesionalidad o criterios que no se especifican.
8.- Esta pregunta plantea que la convocatoria no objetiva los méritos, capacidades y aptitudes que se quieren medir en los opositores.
9.- Este punto plantea que los requisitos podrían responder a un proceso ad personan que podría suponer un fraude de ley.
10.- Los diputados se cuestionan que se vulneren derechos constitucionales por discriminar a los candidatos en relación a su antigüedad como empleados de RTVE.
11.- También tienen dudas sobre una supuesta discriminación del opositor libre frente a candidatos que ya son personal (temporal o permanente) de RTVE.
12.- En este punto cuestionan que se reconozca un mérito especial a opositores que ya trabajan en RTVE sobre opositores procedentes de otras administraciones públicas o empresas privadas.
13.- También cuestionan que se utilice esta oferta de empleo público como forma encubierta de regularizar los empleos que hasta ahora eran precarios en RTVE.
14.- Los diputados exigen saber cómo va a cumplirse el principio de transparencia para poder saber si los exámenes se ajustan a los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
15.- Este punto cuestiona que en los tribunales participen personas con cargos de naturaleza política, sean representantes sindicales o tengan algún tipo de conflicto de intereses.
16.- Los diputados exigen que se explique si un opositor puede optar simultáneamente a una de las 315 plazas del concurso de méritos, a una de las 60 de oposición libre no eliminatoria, y a la vez a una de las 767 de concurso-oposición sin perjudicar los derechos de los que solo pueden presentarse a una de las opciones.
17.- Otra de sus dudas es que sea únicamente la antigüedad en un puesto indefinido no fijo lo que conceda el derecho a acceder a una plaza fija.
18.- Y en tal caso plantean cómo se va a evitar que este tratamiento diferenciado vulnere los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
19.- La batería de preguntas se cierra planteando cómo se va a evitar que el requisito de la convocatoria de experiencia laboral previa a los opositores vulnere los derechos de los candidatos que carezcan de ella o no puedan certificarlo.
La lista de preguntas es larga y preocupante. Y expone inquietudes que de no ser resueltas escrupulosamente nos tememos den pie a futuras acciones jurídicas que ensombrecerían todo el proceso con multitud de sospechas.
En USO nos preguntamos si ha sido la presentación en este documento (el día 7 de febrero) lo que ha precipitado la reciente dimisión del director de Recursos Humanos. Tendemos a pensar que este tipo de coincidencias no son imposibles, pero sí altamente improbables.
Ahora no nos queda más que esperar a conocer las respuestas (por escrito) que tiene que dar Elena Sánchez.
Palabras, negro sobre blanco, que serán analizadas con lupa y que pueden abrir un cisma en el futuro del proceso y de la credibilidad de RTVE como servicio puro y auténticamente público. Todos nos jugamos mucho.
EN USO ESTAMOS MUY, PERO QUE MUY PREOCUPADOS.
