En los últimos días CCOO ha difundido una nota sobre el denominado “asunto de los pendrive”. Un texto que pretende construir un relato interesado sobre unos hechos que están perfectamente documentados.
Carta Dtor General Corporativo Pérdida de Datos
Conviene recordar LO ESENCIAL
- BRECHA DE SEGURIDAD CONFIRMADA
La desaparición de los dispositivos no fue una invención sindical ni una campaña electoral. Fue un hecho real reconocido por la propia Dirección de la Corporación.
Un escrito oficial del Director General Corporativo de RTVE confirmó la desaparición de seis dispositivos extraíbles sin cifrar que contenían datos personales de trabajadores y extrabajadores de la Corporación.
La vulnerabilidad no nació con la pérdida, sino con el incumplimiento del Art. 32 del RGPD (Medidas de Seguridad), al permitir que información de alta sensibilidad circulara en soportes sin cifrado de extremo a extremo, contraviniendo los protocolos básicos de seguridad de la información.
- GRAVEDAD DE LOS DATOS
No se trataba de información menor. Los dispositivos incluían datos identificativos, laborales y categorías especialmente protegidas, entre ellas afiliación sindical, datos de salud o resoluciones judiciales.
La propia Dirección estimó que el número de personas potencialmente afectadas podría alcanzar alrededor de 11.000 trabajadores.
- ASESORAMIENTO, NO IMPOSICIÓN
Asimismo, es imperativo desmentir las omisiones y la evidente estrategia de tergiversación de CCOO apelando a la realidad incontestable del expediente judicial:
La transparencia de USO es absoluta: no interpuso ninguna demanda colectiva, en la propia carátula de la Sentencia identifica a decenas de demandantes con nombres y apellidos, lo que demuestra que el sindicato cumplió escrupulosamente con su función de asesoramiento jurídico individual, respetando la autonomía de cada trabajador para defender su privacidad ante los tribunales
Eso es lo que debe hacer un sindicato: informar, asesorar y defender los derechos de los trabajadores.
La desaparición de los dispositivos fue denunciada inicialmente por Jesús Arranz, miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones, que comunicó oficialmente los hechos a la Dirección de Seguridad de RTVE y posteriormente presentó una denuncia ante la policía.
Ese trabajador terminó siendo apartado/purgado de responsabilidades dentro de su propio sindicato tras haber denunciado estos hechos. Un episodio que algunos prefieren no recordar.
- VERDAD SOBRE LA SENTENCIA
La desestimación judicial (Sentencia 16/09/2022) se debió a la dificultad de probar el daño moral individualizable para una indemnización, pero en ningún caso niega la existencia de la brecha de seguridad ni la negligencia en la custodia de los datos por parte de los responsables
Una cosa es la negligencia administrativa (probada y admitida por RTVE) y otra la responsabilidad civil indemnizable (sujeta a una carga probatoria más estricta).
Esta no es una interpretación sindical; la propia Corporación calificó el hecho como una ‘Violación de seguridad de datos personales MUY ALTA’ bajo los artículos 33 y 34 del RGPD, notificándolo formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al reconocer su incapacidad para garantizar la confidencialidad de los soportes.
Por eso resulta especialmente llamativo que quienes hoy pretenden dar lecciones de responsabilidad sindical prefieran atacar a quienes informaron a los trabajadores, en lugar de dar la cara y explicar los hechos que originaron todo este asunto.
También llama la atención que esta campaña se impulse desde el sindicato cuya entonces secretaria general en RTVE, Maite Martín del Caz, es hoy consejera de la Corporación. Cada cual sabrá explicar sus prioridades.
Desde USO seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: informar con transparencia, defender los derechos de los trabajadores y actuar cuando existan motivos para hacerlo.
Cuando los hechos están documentados, la historia no se puede reescribir.
