Las medidas que introduce este Real Decreto no solucionan los problemas estructurales de RTVE, sino que consolidan el control político y la falta de transparencia en la gestión. No podemos permitir que RTVE siga siendo objeto de mercadeo político, ni que se instrumentalice su dirección en beneficio de intereses partidistas. Exigimos un proceso de selección verdaderamente transparente, basado en méritos profesionales, que garantice la pluralidad y el respeto a la independencia que merece la radiotelevisión pública en una democracia avanzada. Es imprescindible devolver a RTVE el prestigio y la autonomía que nunca debió perder.
Desde la Unión Sindical Obrera (USO) en RTVE, rechazamos de manera contundente el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que busca solucionar la crisis institucional en la Corporación, pero lo hace profundizando en el deterioro de la transparencia, independencia y pluralidad que debe caracterizar a un medio público. Este Real Decreto no solo es insuficiente, sino que apunta a una centralización de poder que elimina radicalmente el concurso público que se acordó por consenso.
El gobierno ha justificado esta medida alegando que la fragmentación política en el Congreso hace imposible alcanzar los consensos necesarios para elegir los consejeros de RTVE de acuerdo con el sistema vigente. Sin embargo, este argumento refleja una grave omisión de responsabilidad: la incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos no puede ni debe servir como excusa para consolidar la politización de RTVE. Este Real Decreto vuelve a optar por el camino fácil, permitiendo que una mayoría simple, en una segunda votación, decida la dirección de la corporación, lo que vulnera gravemente los principios de pluralidad y representatividad.
El hecho de que el gobierno pueda imponer su criterio en una segunda votación si no se alcanzan los dos tercios de apoyo en la primera constituye una forma de instrumentalización de RTVE, transformando lo que debería ser un órgano de gestión profesional y neutral en una herramienta al servicio del poder ejecutivo. RTVE no puede ser utilizada como moneda de cambio en el escenario político, y con esta reforma, se consolida la práctica de repartir puestos de dirección en función de cuotas partidistas, lo cual es inaceptable.
La inclusión de modificaciones que permiten la elección de 11 de los 15 miembros del Consejo de Administración por parte del Congreso, dejando cuatro en manos del Senado, es un paso atrás en términos de diversidad política. Si bien se aduce que esto pretende dar mayor representación a la pluralidad política de la Cámara Baja, en realidad estamos ante una configuración que busca asegurar el control mayoritario del Gobierno sobre la radiotelevisión pública, sacrificando la imparcialidad y la equidad en la gestión.
Otro punto sumamente preocupante es la atribución de competencias ejecutivas a la Presidencia de la Corporación, que antes residían en el Consejo de Administración. Esta modificación supone un peligroso incremento del poder de la presidencia, ya que desvincula parte de la toma de decisiones de un órgano colegiado y plural, para concentrarlas en una sola figura, lo que facilita el riesgo de gestión discrecional.
A pesar de que este Real Decreto se presenta como una solución urgente para desbloquear la situación de la corporación, es un pretexto porque seguimos sin ver respuestas a las verdaderas necesidades estructurales de RTVE. En un entorno mediático en constante evolución, la Corporación necesita inversiones y reformas profundas, no medidas temporales y poco transparentes.
