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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 140/2026, que modifica la forma en que RTVE recibe parte de su financiación procedente de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico.

A partir de ahora, RTVE no cobrará en función de la recaudación efectiva, sino en función de: Las liquidaciones practicadas en el ejercicio, descontadas anulaciones y devoluciones del mismo año.

Se establece un sistema de anticipos mensuales y una regularización posterior.

El límite máximo anual se mantiene en 480 millones de euros, salvo que los Presupuestos Generales del Estado dispongan otra cifra.

Para RTVE supone una mayor estabilidad y previsión presupuestaria, reducción de desajustes financieros durante el ejercicio y garantía de cobertura si el rendimiento no alcanza lo presupuestado, mediante fondo de reserva o compensación por servicio público.

Este cambio mejora la estabilidad financiera de la Corporación, pero ni incrementa automáticamente los recursos disponibles ni modifica el modelo de financiación.

Desde USO exigimos que esta mayor previsión económica se traduzca en:

• Refuerzo de la producción interna.
• Cobertura de vacantes estructurales.
• Planificación real de empleo.
• Cumplimiento íntegro del Convenio.

La estabilidad financiera debe servir para fortalecer RTVE y consolidar el empleo.

La plantilla de la Corporación RTVE pierde poder adquisitivo de forma continuada.

Las subidas salariales no han compensado la inflación real y además las nóminas soportan nuevas deducciones que agravan la situación.

Resultado: pérdida acumulada mínima del 3,5 % de poder adquisitivo.

A esto se suma que desde 2023, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aplica una reducción adicional del 0,6 % permanente hasta llegar al 1,2% en 2029, según el Real Decreto 100/2025 del 18 de Febrero (hasta que el gobierno lo elimine).

Consecuencias ya visibles:

• RTVE es menos competitiva para contratar y retener perfiles clave.
• Especial impacto en medicina de empresa, ingeniería, informática, sistemas, ciberseguridad, diseño y perfiles técnicos especializados, donde el mercado ha subido muy por encima de la media de salario en RTVE.
• Creciente dependencia de complementos salariales que no garantizan al trabajador un salario consolidado y estable, otorgados en muchos casos sin criterio objetivo y claramente insuficientes para la carga de trabajo y responsabilidad.

Defender los derechos salariales de los trabajadores es defender una RTVE pública fuerte. Sin salarios dignos, sin poder adquisitivo y sin criterios claros, RTVE pierde talento, capacidad y futuro.

Por salarios justos. Por criterios objetivos. Por una RTVE pública viable.

La Ley 17/2006 configura a la Corporación RTVE como un servicio público sometido a principios de independencia, objetividad y pluralismo. Para garantizar esos principios, la norma prevé expresamente la existencia del Consejo de Informativos como órgano profesional elegido por los trabajadores de los Servicios Informativos.

El Consejo de Administración no está para entrar en debates editoriales concretos ni para desacreditar informes profesionales emitidos por órganos de garantía interna. Su función es gobernar, marcar líneas estratégicas y velar por el cumplimiento de la misión de servicio público. No es un órgano de redacción ni un tribunal metodológico de los profesionales de la información.

La aprobación de un contrainforme impulsado por la dirección de TVE, con envío masivo a la plantilla y con una petición expresa de rectificación al Consejo de Informativos, supone un paso más en una dinámica preocupante: convertir un debate profesional en un pulso institucional.

Cuando un órgano elegido por los trabajadores emite un informe crítico, la respuesta no puede ser desautorizarlo públicamente ni cuestionar su credibilidad. Eso debilita la arquitectura de garantías que la propia ley establece y proyecta hacia fuera una imagen de confrontación interna impropia de un medio público.

Si el Consejo de Administración considera que existen errores técnicos, debe abordarlos con rigor y diálogo, no con un documento que desacredita globalmente el trabajo del Consejo de Informativos. Defender la imagen corporativa no puede convertirse en silenciar o presionar a quienes ejercen funciones de control interno.

USO defiende una RTVE fuerte, plural y coherente con sus propios mecanismos de garantía interna. La discrepancia forma parte de cualquier organización madura, pero no puede derivar en deslegitimaciones públicas ni en dinámicas de confrontación entre órganos que comparten la responsabilidad de proteger el servicio público.

RTVE se consolida cuando sus estructuras actúan con rigor, respeto institucional y lealtad recíproca; se resiente cuando las diferencias se gestionan desde el enfrentamiento.

• Actualización y rigor jurídico: El objetivo no es sustituir el Mandato anterior, sino actualizarlo para que sea más operativo, verificable y seguro jurídicamente. Se integra plenamente en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 y la normativa europea para garantizar transparencia y una correcta gestión de las ayudas de Estado.
• Relevancia y acceso universal:RTVE debe mantener una «posición relevante» para no ser marginal frente a las plataformas globales. La universalidad se expande: el acceso debe estar garantizado tanto en canales tradicionales como en entornos bajo demanda (no lineales).
• Control del Info-entretenimiento: Cualquier programa que trate asuntos de relevancia social o política (magazines o info-entretenimiento) debe someterse estrictamente a los estándares de los Servicios Informativos y al Libro de Estilo. Se proponen mecanismos de supervisión interna y canales para denunciar malas prácticas editoriales.
• Gestión de Producción e Inversiones: Se establecen criterios objetivos (quién asume el riesgo, qué recursos humanos se usan) para definir qué es producción propia y evitar la discrecionalidad. Las inversiones en cine y documentales deberán tener una evaluación previa y posterior para medir su retorno social y eficacia.
• Compromiso territorial y humano: El mandato debe obligar a fijar recursos humanos mínimos y horas de emisión específicas para cada estructura territorial. Para los trabajadores, se exige una planificación plurianual de RR.HH, una carrera profesional objetiva y el refuerzo de la formación a través del Instituto RTVE.
• Transparencia y evaluación: La gestión debe basarse en la rendición de cuentas mediante indicadores públicos y comparables que permitan un control parlamentario real sobre la producción, la tecnología y el presupuesto.
• Protección del patrimonio: Se blinda la conservación y digitalización del Archivo Histórico y la estabilidad de la Orquesta y Coro de RTVE como pilares culturales.

USO manifiesta su apoyo total y sin matices al Consejo de Informativos de TVE frente a los ataques que está recibiendo, incluidos los procedentes de la propia empresa, que pretenden deslegitimar su actuación alegando que determinados programas de infoentretenimiento no entrarían en su ámbito de competencia por no ser, supuestamente, “informativos en sentido estricto”.

El Estatuto de la Información de RTVE no limita la actuación del Consejo a los Telediarios ni a formatos clásicos. Su competencia alcanza a cualquier contenido que utilice lenguaje, estética, marca o apariencia informativa, especialmente cuando se emite bajo el paraguas del servicio público y afecta a derechos básicos como el pluralismo, la veracidad y la neutralidad.

Negar esa competencia es un intento burdo de blindar contenidos cuestionables, de escapar al control profesional y de abrir una vía peligrosa: que RTVE pueda difundir propaganda, sesgo o desinformación simplemente cambiando la etiqueta del formato. Eso vacía de contenido el Estatuto, degrada el servicio público y supone una agresión directa a la independencia editorial.

Los programas analizados por el Consejo opinan, seleccionan temas, jerarquizan la actualidad, usan rótulos informativos, tertulianos presentados como expertos y la imagen corporativa de RTVE. Decir que eso no es materia del Consejo de Informativos es insultar la inteligencia de la plantilla y de la ciudadanía.

Desde USO denunciamos que estos ataques no buscan aclarar competencias, sino silenciar al órgano que ha documentado incumplimientos, con datos, análisis y quejas ciudadanas. Atacar al Consejo es atacar a los profesionales y al derecho constitucional a una información veraz.

El Consejo de Informativos cumple con su función.

Quien intenta desacreditarlo incumple con la suya.