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Silvia Intxaurrondo pone una demanda contra RTVE

La Inspección de Trabajo ya había intervenido por la denuncia anónima de un particular al detectar una relación laboral encubierta bajo la fórmula de contratación externa, con la mediación de una sociedad privada, lo que vulnera los principios de acceso al empleo público y los mecanismos de control interno previstos en la normativa del sector público estatal. RTVE fue obligada a regularizar su situación.

Lo que ahora se plantea judicialmente no hace sino evidenciar una doble vara de medir. Mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos están disfrutado de condiciones excepcionales, ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes.

Cualquier intento de retribuir por encima de esos límites, rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público.

La ley, la ética y la equidad interna exigen que se acabe con la cultura del privilegio y se refuerce un modelo basado en el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto del convenio colectivo.

RTVE pertenece a todos los ciudadanos. Ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley, del convenio ni del respeto a los trabajadores que cada día sostienen el servicio público con profesionalidad y sin privilegios.

Mientras RTVE mantiene abiertas unas oposiciones públicas para redactores (y con cientos de profesionales que acreditan méritos, formación y años de experiencia), algunos nombres mediáticos están cobrado cifras que multiplican por mucho el salario de los trabajadores de plantilla.

Lourdes MALDONADO 110,000€/año
Juan Ramón LUCAS 183,000 €
David FERNÁNDEZ CANTERO 180,000 € 
Isabel GEMIO 150,000 € 
Ángeles CASO 110,800 € 
Gorka RODRÍGUEZ 110,000 € 
Miguel Ángel MENÉNDEZ 157,500 € 
Pepa BUENO 265,300 € 

Resulta indecente que, en una empresa pública se esté tolerando contratos irregulares y retribuciones escandalosas, ninguneando a quienes sostienen los servicios informativos cada día.

Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación

USO manifiesta nuestra preocupación ante el nuevo anteproyecto de ley de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación y analizado por el Consejo de Estado y la CNMC.

Reconocemos la necesidad de adaptar la legislación española a los reglamentos europeos sobre servicios digitales y libertad de medios, advertimos que el texto presenta carencias graves de fondo y de medios, y puede generar efectos contraproducentes sobre la independencia informativa, la carga laboral y el pluralismo real.

El propio informe de la CNMC reconoce que las nuevas competencias previstas carecen de dotación suficiente de personal y recursos técnicos.

El anteproyecto plantea la creación de un registro público estatal de medios, dependiente de la CNMC, que incluirá información sobre la propiedad, la financiación y la publicidad institucional. Si este instrumento no cuenta con garantías jurídicas claras, puede derivar en un sistema de vigilancia y presión sobre los medios más vulnerables.

USO pide:

  1. Que las sanciones sean proporcionales y adaptadas al tamaño de cada medio.
  2. Que los medios pequeños y comunitarios cuenten con un régimen simplificado de transparencia.
  3. Que se garantice la independencia real de los órganos reguladores mediante control parlamentario.
  4. Que se incorpore una memoria de impacto laboral obligatoria en todas las normas que afecten a medios y plataformas digitales.
  5. Que los medios públicos como RTVE asuman un plan de internalización progresiva de producciones externas para cumplir plenamente con su misión de servicio público.

RTVE no puede ser un ejemplo de “buena gobernanza” mientras persista un modelo basado en la externalización masiva de contenidos y la falta de transparencia en la contratación. Un porcentaje enorme de nuestra programación sigue en manos de productoras externas, lo que vulnera el mandato de producción interna y deteriora el carácter de servicio público.

Esta ley debe servir para reforzar la independencia editorial, el control democrático y el empleo interno, no para consolidar estructuras de poder alejadas de los trabajadores y de la ciudadanía que financia RTVE.

USO en la CRTVE ante los paros del próximo 15 de octubre

USO forma parte de la plataforma PararLaGuerra desde octubre de 2023, siendo convocante de numerosas movilizaciones bajo el lema: “No al genocidio. Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo, ni genocidio”. Coincidimos en el fondo de la reivindicación, pero entendemos que esta convocatoria de huelga es política y no sindical. Además, lamentamos que en lugar de sumar esfuerzos, se utilice la defensa de los derechos humanos como instrumento de estrategia sindical.

Desde USO en la CRTVE subrayamos que estamos en contra de todos los terrorismos, incluido el de Hamás, y de que la población civil palestina siga pagando con su sufrimiento. Reivindicamos también la situación olvidada del pueblo saharaui, denunciamos la persecución hasta la muerte de cristianos en numerosos países africanos y expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en cualquier lugar del mundo.

Y, como siempre, incluso cuando somos convocantes de paros y huelgas, respetamos la libertad individual de nuestros afiliados para decidir si secundan o no los paros.

Audiencia sí, pero con independencia, pluralismo y producción propia

La 1 de TVE ha firmado el mejor mes de septiembre en 14 años con un 11,6% de cuota de pantalla, reduciendo la distancia con Antena 3 (13%) y consolidando su posición como segunda cadena nacional.

El contexto general justifica este resultado:

  • Telecinco se hunde con un 9,2%, el peor inicio de temporada de su historia, con tardes en las que ningún programa supera el 8%.
  • LaSexta cae al 5,9%, en mínimos de la última década, debilitando su posición como canal de referencia político-informativo progubernamental.
  • La suma de Telecinco y laSexta pierde seis décimas interanuales, mientras TVE crece casi dos puntos, captando parte de esa audiencia, y con un menor consumo de la televisión tradicional.

El avance de La 1 se explica en parte por un trasvase de espectadores procedentes de Telecinco y de laSexta, especialmente en franjas de magazines e información. Sin embargo, advertimos de un riesgo: RTVE no puede basar su crecimiento en la concentración de un mismo sesgo ideológico. Si se limita a heredar el perfil editorial de laSexta, acabará repitiendo su ciclo de desgaste. RTVE debe ser transversal, plural y neutral. Nos financian TODOS los españoles. Hay que mirar más allá del corto plazo.

Por ello, desde USO reclamamos

  • Servicio público por encima del share. El éxito de audiencia no puede ser el único objetivo. RTVE pertenece a toda la ciudadanía y debe evaluarse con indicadores de calidad democrática: independencia editorial, pluralismo real, diversidad territorial, accesibilidad y verificación.
  • Producción propia y control editorial. Los contenidos con componente informativo deben estar bajo responsabilidad directa de los Servicios Informativos y supervisión del Consejo de Informativos, con pleno cumplimiento del Mandato Marco y del libro de estilo (aprobado por unanimidad del Consejo de Administración).
  • Transparencia. Publicación mensual de costes, origen de producción, indicadores de pluralismo y correcciones efectuadas.
  • Empleo y condiciones. Priorizar la producción propia, no solo en informativos (que es por Ley) sino también en Deportes, en la 2Cat, y en toda la parrilla, utilizando plenamente y eficientemente la plantilla frente a externalizaciones, reforzando empleo estable.
  • Blindaje de los informativos territoriales. Su coordinación con la programación nacional es esencial para reflejar la diversidad de la ciudadanía y garantizar su existencia.

RTVE debe aprovechar este momento para consolidar credibilidad y confianza ciudadana. El crecimiento de audiencia es positivo, pero lo decisivo es garantizar independencia, pluralidad y producción propia. La ciudadanía paga y merece una televisión pública fuerte, neutral y de calidad.

Cuando la transparencia necesita outsourcing

RTVE ha sacado a concurso un nuevo contrato bajo el título rimbombante de “Servicio de auditoría del proceso de cobertura de puestos de trabajo de personal fijo”. Precio de salida: 84.960 euros. Fecha prevista de adjudicación: finales de octubre.

¿Y para qué tanta inversión? Para que una empresa externa venga a decirnos lo que todos sabemos: que el proceso de oposiciones de RTVE ha sido un desastre de manual. Impugnaciones en cadena, una brecha de seguridad, filtración de pruebas y suspensión de exámenes. Todo un récord.

El encargo a la consultora es ambicioso: revisar convocatoria, inscripción, pruebas, comités, resultados, gobernanza, ciberseguridad, relación con sindicatos… hasta el último papel. Suena bien, pero no deja de ser llamativo que haya que pagar a terceros para que nos expliquen lo obvio: que lo que falla es el sistema interno y la forma de gestionarlo y la no asunción de responsabilidades. Este concurso nos suena más a querer eludirlas con el dinero de todos.

El objetivo declarado es garantizar procesos “confiables, ágiles, transparentes y eficaces”. El objetivo real debería ser que RTVE asuma de una vez por todas que la transparencia no se compra en un pliego de condiciones: se practica.

Desde USO decimos que, si se hubieran hecho bien las cosas desde el principio, sin soberbia ni egos, no estaríamos gastando casi 85.000 euros en que nos auditen lo que ya está a la vista de todos.

Libertad de expresión en RTVE

PRINCIPIOS QUE NO PUEDEN DEPENDER DEL GOBIERNO DE TURNO

Los hechos, aunque distantes en el tiempo, son comparables y reveladores. En 2014, bajo el control del Partido Popular, se exigió la salida inmediata, por parte de UGT, de un tertuliano por su pensamiento contrario a lo público (el economista Juan Ramón Rallo). En 2025, con mayoría llamada progresista, el Consejo de Administración defiende a colaboradoras afines frente a las críticas políticas.

El tiempo modula las circunstancias, pero no debe alterar los principios. La libertad de expresión, la pluralidad y la independencia no pueden depender de quién controle RTVE en cada momento. Lo que ayer se convirtió en censura y hoy se presenta como protección es, en el fondo, la misma instrumentalización de la radiotelevisión pública.

Desde USO, una vez más, nos vemos obligados a recordar que nuestra misión no es servir a unos u otros, sino a la sociedad. Solo con reglas claras, aplicadas siempre y para todos, RTVE podrá ser fiel a su mandato constitucional y ganarse la confianza ciudadana.

RTVE: Ni agencia de colocación, ni portavoz gubernamental

USO observa con estupor e indignación cómo la dirección sigue empeñada en transformar la radiotelevisión pública en una agencia de colocación de estrellitas caducadas. Todas con el mismo patrón común: mismo perfil, mismo discurso y misma línea política, perfectamente alineada con los que mandan.

Se anuncia a bombo y platillo la llegada de presentadores externos, algunos con carreras respetables y otros con carreras más bien respetadas por sus cachés. Mientras tanto, nuestros profesionales de la casa, formados aquí, curtidos aquí y comprometidos aquí, que han aprobado una oposición, son condenados al banquillo.

Nuestra RTVE, que debe ser plural, independiente y al servicio de la ciudadanía, corre el riesgo más que evidente de ser reducida a un escaparate de rostros reciclados. No aportan credibilidad, sino obediencia.

Nos viene a la memoria aquellos tiempos en que todos los sindicatos sin excepción llenábamos los pasillos con bubucelas para hacernos oír en el programa de Juan Ramón Lucas, cuando aporreábamos las puertas del estudio de España Directo para exigir que fuese de producción propia, o cuando nos sentábamos en el suelo frente al despacho presidencial para defender lo que era de todos. Esa es la RTVE que defendemos, no esta caricatura complaciente.

Trancho (UGT), José Carlos (USO), Lola Arocha (CCOO), Esteban y Moncho (APLI)

Desde USO lo decimos sin rodeos: RTVE no es un “Sálvame 2.0” ni un geriátrico de estrellas mediáticas. RTVE es, y debe seguir siendo, el servicio público audiovisual de referencia en España.

Por eso exigimos a la Presidencia y al Consejo de Administración un giro inmediato: que se detenga la estrategia de fichajes al servicio del poder político y se apueste, de una vez, por el talento interno y la independencia editorial que la ciudadanía merece.

UN NUEVO CANAL EN CATALÁN O UN NUEVO MODELO DE RTVE EXCLUYENTE

RTVE ha anunciado la puesta en marcha de una nueva programación íntegramente en catalán a través del canal La 2 en Cataluña. Desde la Sección Sindical de USO queremos manifestar nuestra preocupación, no por el hecho de emitir en catalán —una lengua oficial y parte del patrimonio común— sino por el modelo que se está imponiendo, por la falta de equidad territorial, y por el uso opaco e ideologizado de los recursos públicos.

La ley obliga a RTVE a emitir en todas las lenguas oficiales del Estado. Es una obligación que compartimos y que debe cumplirse. Ahora bien, no puede hacerse de forma arbitraria, sin planificación, ni con criterios que responden más a compromisos políticos que a la lógica del servicio público. Este nuevo canal en catalán ha comenzado a tomar forma mediante acuerdos con productoras privadas cuando RTVE cuenta ya con un amplio equipo profesional en Cataluña, bilingüe, cualificado y conocedor del medio. Y si fuese necesario, que lo será, para eso están las oposiciones y una nueva distribución de recursos humanos que, previamente, debe de aprobar el Consejo de Administración.

El uso de dinero público —11 millones de euros anuales, en este caso— exige una rendición de cuentas clara: ¿Cuál es el plan de producción? ¿Qué contenidos se generarán? ¿Cuál es la estructura de gasto? ¿Cuánto se invertirá en plantilla propia y cuánto en contratos con terceros? A día de hoy no se ha hecho pública ninguna memoria económica ni de contenidos que justifique la envergadura de la inversión. Y sí hay dinero y voluntad para este canal, pero no para dotar a Sant Cugat de un más que necesario séptimo equipo de producción, propia, claro está.

La Xarxa Audiovisual Local (XAL) es la entidad pública que coordina y da servicio a las televisiones y radios catalanas. Recientemente, ha quedado vacante el único múltiple digital privado de 4 canales, quedando ese espacio radioeléctrico a la espera de un nuevo concurso público o redistribución. No estaría de más que se utilizase uno de esos canales para emitir La2 en catalán, y seguir emitiendo La2 en castellano como hasta ahora, desde el principio. Además de que no nos vendría mal porque estamos emitiendo 5 canales por un tubo de 4, con una compresión de imagen y sonido que resiente la calidad de la emisión.

Tampoco se ha ofrecido una explicación sobre cómo se compensará este refuerzo presupuestario con actuaciones equivalentes en otras comunidades. Porque más allá de las lenguas cooficiales —que también merecen atención equilibrada, como el gallego, valenciano o el euskera— en el resto de comunidades, su entorno cultural, social y económico sigue siendo ignorado o anecdótico en la programación nacional. El servicio público no puede limitarse a reforzar territorios con peso político coyuntural. RTVE no es un mosaico de feudos autonómicos, sino un medio de comunicación que debe ser de todos y para todos.

El problema no es emitir en catalán. El problema es hacerlo como si fuera una concesión política, sin transparencia, sin equidad, sin reforzar el carácter estatal y común de RTVE, y marginando a quienes, desde dentro, llevan años sosteniendo con profesionalidad este servicio público. Reforzar la producción en catalán no debe suponer excluir el castellano en Cataluña, ni desplazar a profesionales de la casa, ni relegar a otras comunidades autónomas a la invisibilidad.

Desde USO defendemos una RTVE integradora, plural, transparente y presente en todo el territorio. Pedimos la revisión de este proyecto con criterios de equidad, el refuerzo del papel del centro de Sant Cugat y de su plantilla, la renuncia a contrataciones externas con sesgo político, y el compromiso de aplicar el mismo nivel de inversión y visibilidad en todas las comunidades, con o sin lengua cooficial. Porque el servicio público que financian todos los ciudadanos no puede convertirse en una moneda de cambio ni en un espejo deformado del Estado.

Por qué USO no firma los denominados “pactos de trabajo”

USO considera necesario aclarar, ante la difusión de informaciones inexactas, los motivos fundados jurídicamente por los que no suscribimos los denominados pactos de prolongación de jornada.

Una práctica que puede vulnerar el descanso legal

Estos pactos, en la práctica, suponen la imposición de horas extraordinarias bajo un formato acordado entre empresa y otros sindicatos, que terminan siendo de obligado cumplimiento para el personal afectado. Esta dinámica entra en conflicto con lo establecido en el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, que exige un mínimo de 12 horas de descanso entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.
En USO consideramos que firmar acuerdos que posibilitan esta vulneración supone legitimar una práctica contraria al derecho laboral vigente.

Necesaria cláusula de revisión posterior

Hemos propuesto reiteradamente la inclusión de una cláusula de revisión a la finalización de cada evento o dispositivo especial, a fin de valorar las posibles disfunciones, sobrecargas o vulneraciones de derechos que se hayan producido. Esta exigencia se apoya en el principio de buena fe contractual recogido en el art. 1258 del Código Civil y en el deber empresarial de proteger la salud del trabajador (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 14 y ss.).

Tiempo de desplazamiento no reconocido

Rechazamos la exclusión sistemática del tiempo de desplazamiento entre el alojamiento impuesto por RTVE y el lugar del evento del cómputo efectivo de jornada. Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-266/14, Tyco) y jurisprudencia nacional, ese tiempo debe computar como tiempo de trabajo efectivo.

Horas extraordinarias: pago o compensación

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extraordinarias deben compensarse en tiempo de descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, o abonarse económicamente si no existe tal compensación.
Además, el cómputo máximo legal de horas extraordinarias anuales por trabajador es de 80 horas, sin perjuicio de las excepciones por fuerza mayor.

USO recuerda a todo el personal que, si las horas no se compensan ni abonan, tienen pleno derecho a reclamarlas por escrito ante sus responsables jerárquicos.
Recomendamos dejar constancia documental (correo con acuse, registro, etc.) para una eventual reclamación legal.

Frente a la normalización de abusos bajo fórmulas disfrazadas de acuerdo, exigimos transparencia, revisión y garantías jurídicas.

USO, tu sindicato realmente independiente.

Afíliate y defiende tus derechos.

La transformación de los Centros de RTVE en Valencia y Andalucía exige garantías

USO considera positiva la transformación de los Centros Territoriales de Valencia y Andalucía en Centros de Producción. Es una oportunidad estratégica para reforzar el papel de RTVE como servicio público, acercar la producción a las realidades territoriales y enriquecer la pluralidad informativa.

Esta medida debe servir para fortalecer la cohesión territorial y el compromiso con todas las comunidades autónomas, y por eso exigimos transparencia y garantías claras en su desarrollo.

RTVE debe detallar el plan de inversiones previsto, el calendario de ejecución técnica y una planificación editorial sólida que evite la improvisación y responda a las necesidades de los ciudadanos.

USO considera fundamental extender progresivamente este modelo al resto de territorios, garantizando el derecho a informativos de fin de semana y a una mayor capacidad de producción local en todas las comunidades, en línea con el mandato de servicio público.

Asimismo, exigimos un diagnóstico riguroso de los recursos humanos necesarios: cuántos profesionales, en qué categorías y con qué condiciones laborales. También debe definirse la nueva estructura organizativa derivada de estos cambios.

Este proceso solo será viable si la transformación es justa, sin impactos negativos para las plantillas, y orientada al fortalecimiento de un modelo público, plural y territorialmente equilibrado.