La demanda presentada por Silvia Intxaurrondo, en la que reclama percibir más de 250.000 euros anuales dentro de una relación laboral sujeta al III Convenio Colectivo, supone un cuestionamiento directo del marco legal y de las condiciones que rigen para toda la plantilla fija de RTVE. No podemos guardar silencio.
Mientras los trabajadores de la Corporación cumplen estrictamente un convenio aprobado, auditado y controlado por la normativa del sector público, se pretende imponer un salario absolutamente alejado de cualquier escala retributiva existente y que ningún profesional de RTVE puede percibir por la misma función. Este intento de trasladar importes propios de contratos mercantiles irregulares al ámbito laboral ordinario es un agravio ético y un desprecio hacia quienes sostienen esta casa con su trabajo diario.
La Inspección ya señaló la existencia de una relación laboral encubierta. La regularización obliga a aplicar la ley y el convenio, no a blindar privilegios ni a perpetuar cifras que ningún trabajador de esta Corporación tiene derecho a cobrar. RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que pisotean la igualdad de trato.
USO defiende a la plantilla. Defiende la profesionalidad de quienes, año tras año, mantienen este servicio público con rigor, esfuerzo y responsabilidad. Y no aceptará que RTVE sea presionada para romper la coherencia salarial del sector público o para reconocer condiciones imposibles de justificar ante los propios trabajadores.
La ética importa. El respeto a la plantilla importa. Y USO recordará siempre que en RTVE no caben atajos ni tratamientos de favor que pongan por encima de todos a quien nunca estuvo sometida a las reglas que sí obligan a quienes sostienen esta Corporación con su trabajo y su compromiso.
