La Onda Media garantiza una cobertura amplia y estable en zonas rurales, envejecidas o con infraestructuras digitales insuficientes. La Ley General de Comunicación Audiovisual y el Mandato Marco obligan a RTVE a mantener sistemas de difusión capaces de llegar a toda la ciudadanía en cualquier circunstancia.
El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a recibir información veraz. La OM es uno de los mecanismos que permiten ejercer ese derecho en situaciones críticas. Su capacidad para seguir operativa durante apagones, emergencias civiles o fallos digitales la sitúa dentro de los servicios públicos esenciales. Su interrupción afectaría a la seguridad de la población y al cumplimiento del mandato constitucional.
Los hechos recientes lo demuestran. Durante un apagón eléctrico generalizado, la continuidad de la emisión de RNE dependió de la red de OM. De unos sesenta centros, doce son mixtos OM/FM y cuentan con grupo electrógeno. Estos centros mantuvieron la señal cuando la FM quedó fuera de servicio.
A día de hoy no se han hecho públicos estudios de impacto territorial, análisis de cobertura alternativa ni un plan de transición que asegure que la FM o el DAB+ pueden asumir esa función con plena garantía. Esto hace necesario actuar con prudencia y asegurar que cualquier cambio preserve la misión de servicio público.
Desde la sección sindical de USO en la Corporación RTVE pedimos que no se avance en el cierre de la OM sin demostrar, mediante datos verificables y estudios completos, que la ciudadanía seguirá protegida y tendrá acceso garantizado a la información en todo el territorio.
En la reunión mantenida hoy con el Comité Intercentros, el presidente de la Corporación, José Pablo López ha mostrado disposición a estudiar la posibilidad de mantener la OM durante un tiempo adicional, con el fin de comprobar que la transición no afecta al servicio público. Valoramos positivamente esta apertura y confiamos en que se traduzca en un proceso ordenado, transparente y seguro para la ciudadanía.
