
RTVE ha anunciado la puesta en marcha de una nueva programación íntegramente en catalán a través del canal La 2 en Cataluña. Desde la Sección Sindical de USO queremos manifestar nuestra preocupación, no por el hecho de emitir en catalán —una lengua oficial y parte del patrimonio común— sino por el modelo que se está imponiendo, por la falta de equidad territorial, y por el uso opaco e ideologizado de los recursos públicos.
La ley obliga a RTVE a emitir en todas las lenguas oficiales del Estado. Es una obligación que compartimos y que debe cumplirse. Ahora bien, no puede hacerse de forma arbitraria, sin planificación, ni con criterios que responden más a compromisos políticos que a la lógica del servicio público. Este nuevo canal en catalán ha comenzado a tomar forma mediante acuerdos con productoras privadas cuando RTVE cuenta ya con un amplio equipo profesional en Cataluña, bilingüe, cualificado y conocedor del medio. Y si fuese necesario, que lo será, para eso están las oposiciones y una nueva distribución de recursos humanos que, previamente, debe de aprobar el Consejo de Administración.
El uso de dinero público —11 millones de euros anuales, en este caso— exige una rendición de cuentas clara: ¿Cuál es el plan de producción? ¿Qué contenidos se generarán? ¿Cuál es la estructura de gasto? ¿Cuánto se invertirá en plantilla propia y cuánto en contratos con terceros? A día de hoy no se ha hecho pública ninguna memoria económica ni de contenidos que justifique la envergadura de la inversión. Y sí hay dinero y voluntad para este canal, pero no para dotar a Sant Cugat de un más que necesario séptimo equipo de producción, propia, claro está.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) es la entidad pública que coordina y da servicio a las televisiones y radios catalanas. Recientemente, ha quedado vacante el único múltiple digital privado de 4 canales, quedando ese espacio radioeléctrico a la espera de un nuevo concurso público o redistribución. No estaría de más que se utilizase uno de esos canales para emitir La2 en catalán, y seguir emitiendo La2 en castellano como hasta ahora, desde el principio. Además de que no nos vendría mal porque estamos emitiendo 5 canales por un tubo de 4, con una compresión de imagen y sonido que resiente la calidad de la emisión.
Tampoco se ha ofrecido una explicación sobre cómo se compensará este refuerzo presupuestario con actuaciones equivalentes en otras comunidades. Porque más allá de las lenguas cooficiales —que también merecen atención equilibrada, como el gallego, valenciano o el euskera— en el resto de comunidades, su entorno cultural, social y económico sigue siendo ignorado o anecdótico en la programación nacional. El servicio público no puede limitarse a reforzar territorios con peso político coyuntural. RTVE no es un mosaico de feudos autonómicos, sino un medio de comunicación que debe ser de todos y para todos.
El problema no es emitir en catalán. El problema es hacerlo como si fuera una concesión política, sin transparencia, sin equidad, sin reforzar el carácter estatal y común de RTVE, y marginando a quienes, desde dentro, llevan años sosteniendo con profesionalidad este servicio público. Reforzar la producción en catalán no debe suponer excluir el castellano en Cataluña, ni desplazar a profesionales de la casa, ni relegar a otras comunidades autónomas a la invisibilidad.
Desde USO defendemos una RTVE integradora, plural, transparente y presente en todo el territorio. Pedimos la revisión de este proyecto con criterios de equidad, el refuerzo del papel del centro de Sant Cugat y de su plantilla, la renuncia a contrataciones externas con sesgo político, y el compromiso de aplicar el mismo nivel de inversión y visibilidad en todas las comunidades, con o sin lengua cooficial. Porque el servicio público que financian todos los ciudadanos no puede convertirse en una moneda de cambio ni en un espejo deformado del Estado.