USO solicitó formalmente la adopción de medidas en materia de trabajo a distancia conforme al Real Decreto-ley 7/2026.
A día de hoy, RTVE no ha emitido respuesta ni ha adoptado medida alguna, manteniendo una línea de inactividad que se ha vuelto habitual.
El Real Decreto-ley establece la obligatoriedad de actuar para reducir el impacto del coste energético y mejorar la eficiencia económica. RTVE, como empresa pública, no puede ignorar una norma con rango de ley ni sus objetivos.
El trabajo a distancia es una medida inmediata, viable y plenamente acreditada en la propia Corporación.
No aplicarla en el contexto actual no solo carece de justificación, sino que resulta incoherente con la actuación previa de la empresa, que en situaciones recientes (COVID) impuso el teletrabajo de forma obligatoria a gran parte de la plantilla para garantizar la continuidad del servicio; un precedente que demuestra la capacidad de la plantilla y de los sistemas para operar en remoto.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, se ratifica la idoneidad de la propuesta pionera que USO defiende desde 2021 en materia de trabajo a distancia. Este modelo responde a las exigencias legales y se articula bajo los siguientes ejes estratégicos:
- Teletrabajo para puestos que permitan el desempeño a distancia.
- Dotación de medios: La inversión en equipos es una obligación legal para modernizar la empresa, no un gasto opcional.
- Conciliación real: El teletrabajo es el eje central para cumplir los compromisos del II Plan de Igualdad y el Art. 34.8 del ET.00
- Creación de una Comisión Mixta que vigile los criterios de concesión para garantizar que toda la plantilla tenga las mismas condiciones.
Si en situaciones de emergencia sanitaria el teletrabajo fue una imposición para asegurar la producción, en la actual crisis energética su implementación es una medida de responsabilidad legal y eficiencia organizativa.
Si entonces fue posible, ahora es exigible.
