USO manifiesta nuestra preocupación ante el nuevo anteproyecto de ley de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación y analizado por el Consejo de Estado y la CNMC.
Reconocemos la necesidad de adaptar la legislación española a los reglamentos europeos sobre servicios digitales y libertad de medios, advertimos que el texto presenta carencias graves de fondo y de medios, y puede generar efectos contraproducentes sobre la independencia informativa, la carga laboral y el pluralismo real.
El propio informe de la CNMC reconoce que las nuevas competencias previstas carecen de dotación suficiente de personal y recursos técnicos.
El anteproyecto plantea la creación de un registro público estatal de medios, dependiente de la CNMC, que incluirá información sobre la propiedad, la financiación y la publicidad institucional. Si este instrumento no cuenta con garantías jurídicas claras, puede derivar en un sistema de vigilancia y presión sobre los medios más vulnerables.
USO pide:
- Que las sanciones sean proporcionales y adaptadas al tamaño de cada medio.
- Que los medios pequeños y comunitarios cuenten con un régimen simplificado de transparencia.
- Que se garantice la independencia real de los órganos reguladores mediante control parlamentario.
- Que se incorpore una memoria de impacto laboral obligatoria en todas las normas que afecten a medios y plataformas digitales.
- Que los medios públicos como RTVE asuman un plan de internalización progresiva de producciones externas para cumplir plenamente con su misión de servicio público.
RTVE no puede ser un ejemplo de “buena gobernanza” mientras persista un modelo basado en la externalización masiva de contenidos y la falta de transparencia en la contratación. Un porcentaje enorme de nuestra programación sigue en manos de productoras externas, lo que vulnera el mandato de producción interna y deteriora el carácter de servicio público.
Esta ley debe servir para reforzar la independencia editorial, el control democrático y el empleo interno, no para consolidar estructuras de poder alejadas de los trabajadores y de la ciudadanía que financia RTVE.
