La Inspección de Trabajo ya había intervenido por la denuncia anónima de un particular al detectar una relación laboral encubierta bajo la fórmula de contratación externa, con la mediación de una sociedad privada, lo que vulnera los principios de acceso al empleo público y los mecanismos de control interno previstos en la normativa del sector público estatal. RTVE fue obligada a regularizar su situación.
Lo que ahora se plantea judicialmente no hace sino evidenciar una doble vara de medir. Mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos están disfrutado de condiciones excepcionales, ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes.
Cualquier intento de retribuir por encima de esos límites, rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público.
La ley, la ética y la equidad interna exigen que se acabe con la cultura del privilegio y se refuerce un modelo basado en el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto del convenio colectivo.
RTVE pertenece a todos los ciudadanos. Ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley, del convenio ni del respeto a los trabajadores que cada día sostienen el servicio público con profesionalidad y sin privilegios.
Mientras RTVE mantiene abiertas unas oposiciones públicas para redactores (y con cientos de profesionales que acreditan méritos, formación y años de experiencia), algunos nombres mediáticos están cobrado cifras que multiplican por mucho el salario de los trabajadores de plantilla.
| Lourdes MALDONADO | 110,000€/año |
| Juan Ramón LUCAS | 183,000 € |
| David FERNÁNDEZ CANTERO | 180,000 € |
| Isabel GEMIO | 150,000 € |
| Ángeles CASO | 110,800 € |
| Gorka RODRÍGUEZ | 110,000 € |
| Miguel Ángel MENÉNDEZ | 157,500 € |
| Pepa BUENO | 265,300 € |
Resulta indecente que, en una empresa pública se esté tolerando contratos irregulares y retribuciones escandalosas, ninguneando a quienes sostienen los servicios informativos cada día.
